El gobierno nacional resolvió a partir de la modificación de la reglamentación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, conocido como impuesto al cheque, que las operaciones con criptomonedas estarán alcanzadas con este gravamen.
A partir de una modificación al decreto 380/01, el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Luis Manzur y el ministro de Economía, Martín Guzmán, precisaron este miércoles que “las exenciones previstas no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares, en los términos que defina la normativa aplicable”.
Según indica la medida publicada en el Boletín Oficial, estas exenciones que caben a los operadores de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) -la denominación técnica de las fintech- ahora no regirán más sobre las criptomonedas, aunque en principio la decisión no impactará en forma directa sobre el comprador final.
Tal como explicó el Gobierno en el decreto, su intención es “ser la hoja de ruta para las políticas públicas hacia una economía más tranquila, con más oportunidades para todas y todos, junto con la definición de un sendero fiscal sostenible en el mediano plazo”. Y en el texto agregaron que “resulta prudente limitar las exenciones vigentes en el caso de intervenir determinados instrumentos, tales como monedas digitales o similares”.
A partir de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo a través de la Ley de Competitividad de establecer exenciones totales o parciales del impuesto en aquellos casos en que lo estime pertinente es que se avanza en este gravamen luego de que el Bitcoin alcanzara la semana pasada los máximos históricos, cuando rozó los 69.000 dólares.
La atención de la política sobre las criptomonedas es un tema que está en danza hace tiempo y que en la pandemia, con mayor necesidad de recursos, se agudizó. De hecho, el Ministerio del Interior ya le había dedicado atención a su expansión al convocar a expertos a una reunión de la Comisión Federal de Inversiones, antes de que estallara la crisis el Coronavirus.
02 de febrero. Juan Ibarguren anticipó que apelará la medida cautelar del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores que suspendió las actividades motorizadas en La Frontera. Afirmó que se trata de una práctica “cultural” de Pinamar, defendió su impacto económico y pidió más controles en lugar de prohibiciones.
02 de febrero. El intendente Juan Pablo García confirmó un nuevo incremento salarial que se cobrará con los haberes de febrero. El aumento impacta en el sueldo básico, alcanza a jubilados municipales y consolida una recomposición que quedó por encima de la inflación.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.