Los trabajadores de la justicia pidieron que se declare asueto en el Juzgado de Garantías Nº 4 de La Costa, “ante las graves condiciones laborales y las profundas deficiencias estructurales” que afectan a la dependencia.
La AJB, el gremio que nuclea a los judiciales, sostuvo que el juzgado no está en condiciones de atender el trámite de alrededor de 8000 causas y, la situación de más de 100 personas privadas de la libertad en este momento y prevén que la situación se agrave con el comienzo de la temporada de verano.
La falta de personal es una de las cuestiones centrales que el gremio estima como causa para estas dificultades, aunque las condiciones del edificio de Mar del Tuyú donde funciona el Juzgado hacen que se pida una urgente mudanza a otro inmueble, porque no es apto para aplicar el protocolo sanitario vigente.
“El asueto solicitado, tiene como finalidad exigir a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que cumpla con la obligación de adoptar las medidas necesarias para revertir la dramática situación que atraviesan integrantes Juzgado de Garantías N° 4 con sede en Mar del Tuyú y, la población de la zona”, finaliza el comunicado del gremio.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.