El intendente de Pinamar, Martín Yeza, contrató al médico Carlos Kambourian, quien se encuentra procesado por malversación de fondos, informó el periodista Martín Candalaft en el programa QCD (Quién, cuándo, dónde) de A24.
"Un médico pediatra que está procesado en la Justicia por malversación de fondos, estamos hablanado del doctor Kambourian, quien fue director del Garrahan", señaló el periodista.
Kambourian, expresidente del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, en noviembre del año pasado fue procesado y embargado en $1,5 millón, por el juez federal Luis Rodríguez, por pagar con una tarjeta de crédito del hospital porteño sus gastos personales, que imputaba como gastos de movilidad y viáticos de su actividad como funcionario público.
"Según lo que investiga la Justicia, se robó guita básicamente. Por lo menos, en esta parte del proceso entienden eso, por eso está procesado. Existe semi plena prueba de que este hombre se manoteó plata del Garrahan y ahora es contratado en el municipio de Pinamar", precisó Candalaft.
En el programa de A24 indicaron también que esta sería una "contratación política" por parte de Yeza, ya que tanto él como el pediatra están alineados con el PRO.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.