En los últimos días el debate regreso a la escena nacional a raíz de un nuevo caso. ¿Pero de qué hablamos cuándo hablamos de bajar la edad de imputabilidad de una persona? Por empezar, la edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia e ir presos a una cárcel.
En Argentina, siempre según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la dictadura militar, la edad se estableció en los 16 años. Es decir, los menores de esa edad no pueden ser juzgados. Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos.
Son punibles aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años (por ejemplo, homicidios dolosos) pero a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados.
Por otro lado, están los menores de 16 años. En la legislación actual, los menores de 16 no tienen un régimen penal que regule su responsabilidad ante un delito. Esto genera, en la práctica, que varios menores de 16 años se encuentren internados en un instituto, privados de su libertad en la Argentina, sin que hayan tenido un juicio previo.
Un relevamiento realizado hace cinco años por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef, mostraba que en la Argentina había entonces casi 7.200 menores en conflicto con la ley (es decir, que se encuentran cumpliendo una pena o restricción dictada por un juez), de los cuales el 18% (más de 1.300) se encontraban presos en alcaldías, centros cerrados y comisarías. El resto estaban, sobre todo, bajo programas de supervisión estatal donde los jóvenes cumplen las medidas judiciales en su entorno familiar y comunitario.
A nivel nacional las estadísticas sobre delitos cometidos por menores son escasas. De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2016 se dictaron más de 37 mil sentencias condenatorias. De ese total, un 46,2% fueron cometidos por adultos, un 0,4% fueron cometidos por menores de 16 y 17 años, y en el resto se desconoce la edad del autor.
Un estudio de Unicef sentencia que la privación de la libertad para los adolescentes es una medida ineficaz y que la mayoría llega a estas situaciones porque tienen sus derechos básicos vulnerados: no tuvieron la posibilidad de estudiar, no tienen casa y/o no acceden al sistema de la salud.
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