En febrero pasado, María Laura Alamo (36) recibió la notificación del Banco Nación de que le iban a ejecutar su casa, que comparte con su esposo y sus dos hijos (un nene de 5 y una nena de 3 años). Como miles de argentinos, en mayo de 2017, esta mujer de 36 años que vive en la ciudad cordobesa de Villa María tomó un crédito UVA que promocionaban el Gobierno y los medios, para comprar su casa que pagaría a 30 años.
“Le pedimos al Banco Nación $ 1.600.000 para terminar de comprar nuestra casa. Nosotros pusimos nuestros ahorros y así la compramos. Mi marido tenía trabajo como ingeniero agrónomo y yo tenía tres locales de telefonía celular. Pero en 2019 se inició nuestra crisis, la empresa donde trabajaba mi esposo se fue del país y se quedó sin trabajo. Y yo empecé a cerrar los locales, primero uno, después otro y el último. Y dejamos de pagar las cuotas de la casa. Hoy debemos más de $ 6 millones ¿dónde está la plata que pagué durante dos años?”, le explicó Alamo al portal elDiarioAR.
El caso de María Laura y Martín en Villa María es igual al de Marcelo Macaluso en San Rafael, Mendoza. Y es igual a la situación que atraviesan los 115.000 argentinos desde La Quiaca a Ushuaia que solicitaron créditos UVA y hoy las cuotas y los montos a pagar se tornaron impagables. Todos esperan que el presidente Alberto Fernández solucione definitivamente el problema de los hipotecados UVA.
“Me siento mal, tengo que salir a explicar que estoy haciendo frente a una estafa financiera en el que nos metió un partido de turno que nos dijo que nos endeudáramos con los créditos UVA. Nosotros vendimos todo lo que pudimos para hacer frente a esta deuda y no nos quisieron recibir la oferta en el Banco Nación de Villa María”, contó María Laura Alamo al periodista Gustavo Molina.
“Una ejecución hipotecaria es… te lo dice la propia palabra: una ejecución, te están ejecutando. Y nos van a llevar a que ahogados por la crisis, algún padre, alguna madre, disparemos del gatillo y nos ejecutemos. Yo siempre me acuerdo de Favaloro, de lo que le pasó, un hombre brillante, un profesional de primer nivel que nos hizo estar orgullosos de ser argentinos en el mundo. Y el Estado le dio vuelta la cara. Y terminó de esa manera.
La abogada especialista en derechos reales Julia Irazoqui le explicó a elDiarioAR que “la ejecución hipotecaria se encuentra reglada en el Código Civil, es una herramienta muy fácil de utilizar por los bancos, donde le dicen a la autoridad judicial que una persona X le debe dinero, y que la opción para no rematar la casa es el pago total y cancelatorio, en su defecto se realiza el desalojo previo y se remata la vivienda, parecido al desahucio en España. Lo grave es que esta mujer ofreció pagar y el gerente Juan José Pipino del Banco Nación de Villa María, mediante un e-mail le rechazó la oferta de pago, que cubría lo adeudado a la fecha, habiendo llegando a esta instancia”.
Las primeras cuotas que pagó esta familia a mediados de 2017 rondaban los $ 8.000 y hoy están cerca de los $ 32.000. El crédito fue de $ 1,6 millones y hoy supera los $ 6 millones. “Yo espero que el Presidente nos escuche, que nos proponga una salida más lógica, él es un hombre del Derecho. Señor Presidente, no quiero perder la casa de mis hijos, usted puede hacer algo por nosotros, somos miles de deudores de créditos UVA. Los trabajadores, la clase media, somos los únicos que aportamos y nos están hipotecando el futuro de nuestros hijos”, se esperanza esta tomadora de créditos hipotecarios.
“Pagamos, pedimos créditos para pagar, volvemos a pagar y volvemos a pedir para pagar. Estamos sometidos por el sistema y nunca cancelamos. La ayuda que nos ofrece el Estado es “vendé tu casa y pagá la deuda”. Mauricio Macri nos estafó con los créditos hipotecarios y Alberto Fernández nos dijo en campaña que nos iba a ayudar. Los créditos están dolarizados, no hay nada certero; necesitamos que los pesifiquen; la cuota y los montos suben abismalmente y los únicos que ganan son los bancos. Hay un DNU de Macri de 2019 que no se cumplió, que decía que las cuotas atrasadas se pagaban al final del crédito, o sea actualizadas en 2047. Pero a mí me llegó la orden de ejecución firmada por el juez federal (Roque) Rebak. Y después vino la pandemia en 2020 y nos obligan a pagar en 2021. Nosotros ofrecimos un acuerdo en febrero y lo rechazaron”, denunció María Laura Alamo.
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