La Justicia platense admitió una acción de amparo presentada por un grupo de vecinos del distrito de Lobos por la contaminación con agroquímicos y determinó que el Municipio deberá a repartir bidones de agua, mientras que la Provincia tendrá que avanzar con estudios exhaustivos sobre la situación.
La resolución judicial sostiene que existe “una imperiosa necesidad de una tutela judicial urgente de toda la población, en la medida en que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas, entre ellas menores de edad, y al mismo tiempo que existe una demora en la Municipalidad en dar solución definitiva a esta situación”.
En este marco, según señalaron los vecinos que hicieron la presentación, el tribunal “decidió dar intervención a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y a la Asesoría de Menores, para que asuman de forma urgente la representación de todos los menores y de toda la población” de Lobos.
El amparo colectivo fue impulsado tras un “monitoreo ambiental” que realizó el grupo Aporte Para el Ambiente de Lobos (APAL) con la colaboración del Laboratorio de Plaguicidas del INTA Balcarce.
En ese relevamiento se encontraron “11 plaguicidas en aguas subterráneas de distintas profundidades”. “En la bomba 19, perteneciente a la red de agua corriente de Lobos encontramos niveles del herbicida 2,4 D que están 45 veces por encima de lo aceptado por la Unión Europea”, explicaron desde la organización.
En esa ocasión, los vecinos indicaron también que en una muestra de agua de lluvia tomada en la plaza principal de la ciudad de Lobos se encontraron 10 agroquímicos y seis en material vegetal de árboles, entre otros espacios.
El dictamen judicial obliga ahora al Municipio a que en el plazo de tres días entregue bidones de agua “libres de agrotóxicos” y con valores de arsénico que no superen los “10 microgramos” en escuelas, clubes, centros de salud y en los domicilios de las personas que firmaron el amparo. Esa medida debería extenderse a toda la población una vez que tome intervención la Defensoría.
16 de julio. Sucedió esta mañana, mientras llovía, a la altura del kilómetro 167,300. La víctima fatal, que falleció en el acto, era el conductor del coche. En el motor home viajaban cuatro personas, que resultaron ilesas.
16 de julio. Tres delincuentes armados irrumpieron en su domicilio, lo ataron y lo golpearon y se llevaron 100.000 dólares, 800.000 pesos, un iPhone 13 y diversas joyas.
16 de julio. El animal había roto el alambrado en busca de comida y terminó colisionando con la avioneta cuando esta tocaba pista a más de 100 km/h. Los tripulantes salieron ilesos y el toro murió en el acto.
16 de julio. El protagonista del impactante hecho es un paciente psiquiátrico que debía ser internado. Robó el móvil policial, huyó con dos agentes a bordo y embistió a una camioneta y a un colectivo de larga distancia. Las imágenes del choque se viralizaron en minutos.
15 de julio. La Justicia responsabilizó al Municipio por la muerte de una vecina de 41 años ocurrida en 2015 tras una deficiente atención médica en el Hospital “San Vicente de Paul”. Aunque los hechos ocurrieron durante una gestión anterior, el millonario resarcimiento deberá pagarlo la administración actual.
15 de julio. Ocurrió esta mañana cerca de la rotonda de Aguas Verdes, en el kilómetro 336 de la Ruta 11. El auto despistó y terminó en un zanjón. La conductora, una mujer mayor, fue rescatada por los Bomberos de San Bernardo y trasladada al hospital de Mar de Ajó.
15 de julio. José Emilio Parrada tenía 40 años y murió al quedar atrapado con un cable de fibra óptica colocado a propósito en una esquina del barrio Las Américas. Sospechan que fue una trampa para robar. El caso fue caratulado como homicidio.
15 de julio. Viajaban en un Fiat Cronos rumbo a Buenos Aires cuando se despistaron y el auto se prendió fuego. Las víctimas, un hombre y una mujer de 63 años, no pudieron ser identificadas de inmediato porque el vehículo no tenía patente colocada.