Cada 30 de Julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas en reconocimiento a la lucha que llevan a cabo los distintos agentes y organismos del mundo para combatir este flagelo. Nuestro país no escapa a dicha afirmación, máxime por ser considerado uno de los Estados precursores en el tratamiento de la problemática.
Ya en 1913 Argentina se había posicionado en un lugar de vanguardia respecto a la penalización de la explotación sexual y la trata de personas, cuando el 23 de Septiembre de ese año, el Senado de la Nación sancionó la Ley 9143 primera legislación del mundo de este tipo.
Varias décadas más tarde (2008) y siguiendo los Tratados Internacionales en la materia, Argentina sancionó la Ley 26.364, de Prevención y sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, normativa que hoy nos rige.
Uno de los grandes avances ha venido de la mano del reconocimiento de la trata de personas como un delito complejo -históricamente mal concebido como “trata de blancas”-, donde cualquier persona puede resultar víctima del mismo. Ha quedado demostrado que por esta complejidad que lo caracteriza, requiere una actuación coordinada desde el Estado en todos sus niveles y poderes, así como la cooperación internacional en las investigaciones y procedimientos de protección y asistencia a las víctimas.
La trata tiene como fin la explotación de la persona, sea esta para la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, como para los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Aunque cada una de estas variantes registra su propia dinámica y complejidad, todas constituyen graves transgresiones a los derechos humanos y vulneran la dignidad de la persona, con base en la pérdida de la libertad.
Las mujeres siguen siendo las principales víctimas de trata de personas y se perpetra con fines de explotación sexual, una forma extrema de violencia de género.
En Argentina, la Línea 145 es uno de los principales canales de denuncias de trata de personas y/o delitos conexos del país.
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