El oficialismo logró hoy dos fotos clave para la votación del presupuesto 2018 de María Eugenia Vidal. El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, y el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, se mostraron con tres intendentes peronistas en una señal de lo que será la votación de mañana en el parlamento de la Provincia.
El diputado y el ministro de María Eugenia Vidal dialogaron con el intendente del Partido de La Costa, Juan Pablo de Jesús, cercano al alcalde lomense, Martín Insaurralde. Allí también estuvo, Hugo Corvatta (Saavedra), quien agrupa al peronismo del interior bonaerense.
También Mosca y Gigante se sentaron con el intendente de Bolívar, Eduardo ‘Bali' Bucca, cercano al ex ministro Florencio Randazzo y que también apoyaría la aprobación del presupuesto.
Según publicó La Política Online, estos intendentes fueron la llave que permitió cristalizar el acuerdo está en el virtual pacto a nivel nacional por el Fondo del Conurbano. Es que desde el oficialismo transmitieron hoy a sectores de la oposición que de cerrarse ese entendimiento con Nación por $40.000 millones para 2018 ingresarán $3.200 millones que irán directo a los municipios a través de la coparticipación.
Como contrapartida, Vidal prometió que si se firma el acuerdo por el Fondo del Conurbano, los municipios recibirán de manera directa por goteo de coparticipación, unos 3.200 millones de pesos extra. Según explican en Cambiemos, no se trata de un fondo al estilo del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Por el contrario son fondos que se suman a la masa coparticipable.
Otro punto clave para que el peronismo acompañe el paquete de proyectos será bajar el porcentaje del Fondo Educativo que los intendentes deberán destinar a obras en las escuelas. Vidal fijó ese porcentaje en 85%, pero los alcaldes no quieren saber nada y piden bajarlo.
Por estas horas, se están definiendo los detalles finos de cómo se reducirá ese porcentaje. Según pudo saber LPO, se plantearán porcentajes diferenciados entre municipios del Conurbano y del interior.
Por último, el oficialismo accedió a poner un límite a la participación público-privada (PPP) en la obra de infraestructura que licita el gobierno. La provincia adhirió a la ley nacional que establece un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura de gran envergadura en sociedad con el Estado.
Pero la letra chica de esa herramienta establece que el Estado provincial debe ser garante de los proyectos privados. Por eso, la oposición reclama bajar el tope que había establecido el ministro de Economía, Hernán Lacunza, en el proyecto ingresado a la Legislatura.