El paro nacional convocado para mañana tendrá precuela en la provincia de Buenos Aires. Los docentes, médicos, judiciales y estatales realizarán este lunes huelgas de diferentes maneras, para manifestar sus reclamos salariales y laborales.
Los primeros en iniciar con las medidas de fuerza serán los estatales. La seccional de ATE provincia convocó a un paro activo de 48 horas para este lunes y martes.
También serán de la partida los médicos de los hospitales públicos de la provincia, enrolado en el gremio CICOP. La medida afectará la atención de cirugías programadas y consultorios externos de los centros de salud.
El plato fuerte será a partir del mediodía del lunes, cuando los maestros, representados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), den inicio a su paro de 36 horas.
Los maestros, que mantienen un extenso conflicto paritario con el gobierno de María Eugenia Vidal, exigen una “urgente convocatoria a paritarias, salarios dignos y justos y escuelas seguras”.
En tanto que los empleados de los Departamentos Judiciales de la provincia también se plegarán a la medida, y por 36 horas, por lo que también se verá resentida la actividad tribunalicia.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.