Más de 40 intendentes de todo el arco político de la provincia de Buenos Aires se juntaron esta mañana para presentar un escrito ante la Corte Suprema con el propósito de defender judicialmente el cobro de la tasa de Seguridad e Higiene.
La presentación ante la Corte bajo la figura de “Amicus Curiae” se hizo con el claro propósito de alentar el cumplimiento pleno de la Constitución Nacional, que establece la autonomía municipal. Sobre todo a la luz de la reforma constitucional del año 1994, con la incorporación del artículo 123.
El escrito se presentó en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas por Axion-Esso contra el Municipio de Quilmes por la aplicación del tributo por inspección de seguridad e higiene.
Los intendentes presentes consideraron que la legalidad del mismo ha sido convalidada desde hace muchos años por toda la legislación de la Provincia de Buenos Aires. Empezando por la Constitución Provincial, siguiendo por la Ley Orgánica Municipal y llegando a toda la Jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a partir del caso Nobleza Picardo de 1995, que ha sido ratificado después en otros precedentes.
Los jefes comunales señalaron que muchas veces se ataca al municipalismo diciendo que es el culpable de la alta presión tributaria de la República Argentina, dato que según ellos es absolutamente falso.
"Solamente por desconocimiento de la cuestiones o por defensa de intereses corporativos se puede decir algo así ya que del total de ingresos de la Argentina, de ingresos de todos los sectores estatales del país, el 84,4% corresponden al gobierno federal, el 14,2% al conjunto de las Provincias argentinas y sólo el 1,4 % a los más de dos mil ciento cincuenta gobiernos municipales de la Argentina. De tal manera que no tiene ningún tipo de fundamentación acusar al municipalismo de ser el culpable de la alta presión tributaria", adujeron en un comunicado.
Según afirman desde los municipios, un fallo adverso implicaría hasta un 35 por ciento de los ingresos totales de los distritos bonaerenses y generaría un agujero enorme en las cuentas públicas locales y de la Provincia.
Entre los 40 distritos afectados, tales como San Isidro, Lomas de Zamora, Hurlingham, Lanús, Morón, Ituzaingó, Almirante Brown, Tres de Febrero, La Plata, Pilar, Florencio Varela, San Miguel, Pigüé, Campana, Cañuelas, Azul, Bahía Blanca, Baradero, Carlos Tejedor, Coronel Suárez, General Arenales, General Rodríguez, General Villegas, Junín, Lincoln, Lobos, Olavarría, Pergamino, Rivadavia, Rojas, Saladillo y Trenque Lauquen, todos de Buenos Aires, se encuentran algunos de la región como Lezama, el Partido de la Costa, Maipú, Mar Chiquita y Pinamar.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.