Más de 40 intendentes de todo el arco político de la provincia de Buenos Aires se juntaron esta mañana para presentar un escrito ante la Corte Suprema con el propósito de defender judicialmente el cobro de la tasa de Seguridad e Higiene.
La presentación ante la Corte bajo la figura de “Amicus Curiae” se hizo con el claro propósito de alentar el cumplimiento pleno de la Constitución Nacional, que establece la autonomía municipal. Sobre todo a la luz de la reforma constitucional del año 1994, con la incorporación del artículo 123.
El escrito se presentó en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas por Axion-Esso contra el Municipio de Quilmes por la aplicación del tributo por inspección de seguridad e higiene.
Los intendentes presentes consideraron que la legalidad del mismo ha sido convalidada desde hace muchos años por toda la legislación de la Provincia de Buenos Aires. Empezando por la Constitución Provincial, siguiendo por la Ley Orgánica Municipal y llegando a toda la Jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a partir del caso Nobleza Picardo de 1995, que ha sido ratificado después en otros precedentes.
Los jefes comunales señalaron que muchas veces se ataca al municipalismo diciendo que es el culpable de la alta presión tributaria de la República Argentina, dato que según ellos es absolutamente falso.
"Solamente por desconocimiento de la cuestiones o por defensa de intereses corporativos se puede decir algo así ya que del total de ingresos de la Argentina, de ingresos de todos los sectores estatales del país, el 84,4% corresponden al gobierno federal, el 14,2% al conjunto de las Provincias argentinas y sólo el 1,4 % a los más de dos mil ciento cincuenta gobiernos municipales de la Argentina. De tal manera que no tiene ningún tipo de fundamentación acusar al municipalismo de ser el culpable de la alta presión tributaria", adujeron en un comunicado.
Según afirman desde los municipios, un fallo adverso implicaría hasta un 35 por ciento de los ingresos totales de los distritos bonaerenses y generaría un agujero enorme en las cuentas públicas locales y de la Provincia.
Entre los 40 distritos afectados, tales como San Isidro, Lomas de Zamora, Hurlingham, Lanús, Morón, Ituzaingó, Almirante Brown, Tres de Febrero, La Plata, Pilar, Florencio Varela, San Miguel, Pigüé, Campana, Cañuelas, Azul, Bahía Blanca, Baradero, Carlos Tejedor, Coronel Suárez, General Arenales, General Rodríguez, General Villegas, Junín, Lincoln, Lobos, Olavarría, Pergamino, Rivadavia, Rojas, Saladillo y Trenque Lauquen, todos de Buenos Aires, se encuentran algunos de la región como Lezama, el Partido de la Costa, Maipú, Mar Chiquita y Pinamar.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.