Trabajadores judiciales realizan hoy un paro de 48 horas en todo el país, que incluye una movilización al Palacio de Justicia, en reclamo de actualizaciones salariales y el pedido de la declaración de la "Emergencia Judicial", informó Télam.
"Hoy los judiciales redoblamos la lucha en defensa del salario, reclamando la Emergencia Judicial y en defensa de la independencia de la Justicia", dijo a Télam el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato.
"Pedimos el segundo tramo de la recomposición salarial. El paro será de 48 horas en todo el país, en la Ciudad empieza a las 10 y continúa mañana", añadió.
Piumato indicó que se reclaman "soluciones" y que, de no llegar respuestas satisfactorias a sus demandas, "se intensificará la lucha hasta que se haga justicia".
Los judiciales demandan el pago del segundo tramo de recomposición salarial para 2019, del 15 por ciento retroactivo a julio último.
En cuanto al pedido de la declaración de emergencia en el sector, Pimato indicó que la situación es "caótica por la falta de insumos que hacen imposible el trabajo diario".
"Ni siquiera envían plata para papel ni para toner", ejemplificó el dirigente.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.