El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 669 modifica la Ley N° 24.557, que regula el Sistema de Riesgos de Trabajo, y cambia a la baja el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador. En concreto, se tomará la tasa de variación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Hasta ahora, se hacía con la tasa activa del Banco Nación, siempre más alta que la de promedio de salarios, según informó La Política Online.
En los argumentos del DNU, el Gobierno sostiene que la aplicación de "tasas de interés en determinados contextos macroeconómicos arrojan resultados desproporcionados que desnaturalizan el carácter del sistema de protección contra riesgos del trabajo". Agrega que la utilización de la tasa activa del Banco Nación provoca "incrementos desmedidos" de las indemnizaciones.
La norma mantiene la aplicación de la tasa activa del BNA en el caso de que las aseguradoras incurran en el incumplimiento del pago de las indemnizaciones.
El abogado laboralista Héctor Recalde aseguró que el DNU de Macri “es inconstitucional, e incluso si fuera una ley del Congreso, sería inconstitucional”, porque la Constitución “establece la progresividad de los derechos, con justicia social”.
“Esto está bajando las indemnizaciones para los más débiles”, señaló el ex diputado nacional peronista, en diálogo con Radio Caput, y agregó que “entre el lucro y la solidaridad y los derechos de los trabajadores, este gobierno siempre opta por el lucro”.
En tanto, el juez laboral Enrique Arias Gibert afirmó: “Macri saca un DNU donde reduce el monto de las indemnizaciones laborales. La norma es aplicable al trabajador que murió en Ezeiza, es retroactiva. Cuando llegue el reclamo de su familia se le va a aplicar esta baja en la indemnización”, en alusión a José Bulacio, fallecido en la obra del aeropuerto bonaerense.
Asimismo, Arias Gibert aseguró que “el fundamento de este DNU es que las ART ganan poco”. “Están haciendo que se abarate el accidente. Y si es más barato el accidente no tiene sentido invertir en prevención”, agregó en declaraciones a El Destape Radio.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.