El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 669 modifica la Ley N° 24.557, que regula el Sistema de Riesgos de Trabajo, y cambia a la baja el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador. En concreto, se tomará la tasa de variación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Hasta ahora, se hacía con la tasa activa del Banco Nación, siempre más alta que la de promedio de salarios, según informó La Política Online.
En los argumentos del DNU, el Gobierno sostiene que la aplicación de "tasas de interés en determinados contextos macroeconómicos arrojan resultados desproporcionados que desnaturalizan el carácter del sistema de protección contra riesgos del trabajo". Agrega que la utilización de la tasa activa del Banco Nación provoca "incrementos desmedidos" de las indemnizaciones.
La norma mantiene la aplicación de la tasa activa del BNA en el caso de que las aseguradoras incurran en el incumplimiento del pago de las indemnizaciones.
El abogado laboralista Héctor Recalde aseguró que el DNU de Macri “es inconstitucional, e incluso si fuera una ley del Congreso, sería inconstitucional”, porque la Constitución “establece la progresividad de los derechos, con justicia social”.
“Esto está bajando las indemnizaciones para los más débiles”, señaló el ex diputado nacional peronista, en diálogo con Radio Caput, y agregó que “entre el lucro y la solidaridad y los derechos de los trabajadores, este gobierno siempre opta por el lucro”.
En tanto, el juez laboral Enrique Arias Gibert afirmó: “Macri saca un DNU donde reduce el monto de las indemnizaciones laborales. La norma es aplicable al trabajador que murió en Ezeiza, es retroactiva. Cuando llegue el reclamo de su familia se le va a aplicar esta baja en la indemnización”, en alusión a José Bulacio, fallecido en la obra del aeropuerto bonaerense.
Asimismo, Arias Gibert aseguró que “el fundamento de este DNU es que las ART ganan poco”. “Están haciendo que se abarate el accidente. Y si es más barato el accidente no tiene sentido invertir en prevención”, agregó en declaraciones a El Destape Radio.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.
14 de mayo. Tras un tratamiento exprés en las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lograron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. Ahora buscan que se debata en el recinto el próximo miércoles.
12 de mayo. El gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita municipal tras la finalización de las obras. Desde el Municipio reclamaron que la devolución sea “completa, de inmediato y sin vueltas”.
06 de mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó este miércoles en varios actos junto a miembros de su gabinete. “Aquí no hay lugar para la motosierra”, aseveró.
05 de mayo. Algunos ediles se retiraron custodiados por las fuerzas de seguridad en un clima caldeado por los reclamos de trabajadores municipales y camioneros, que hoy están de paro. En tanto, el intendente Gustavo Barrera firmó el decreto para prorrogar por un año la emergencia pública.
03 de mayo. Un informe periodístico que publica este domingo el diario Clarín expone detalles de un viaje del actual jefe de Gabinete en 2024, con costos superiores a los $9 millones y cancelaciones realizadas meses después. El caso vuelve a tensionar al Gobierno nacional.