El caso de un posible fraude electoral en Maipú, que podría haber torcido el curso de la elección local, promete escalar en las próximas horas. Según adelantó el Frente de Todos, sus apoderados pedirán la “impugnación total” de los comicios en el juzgado Federal de La Plata, con competencia electoral -Adolfo Gabino Ziulu-, y en la Junta Electoral Provincial.
Según reconstruye el portal Infocielo, la investigación se abrió en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla. Es más, el magistrado les tomó declaración ayer a los apoderados de la lista del FDT, la más perjudicada y que tomó la posta de la denuncia. Pero, rápidamente, desde esa dependencia declinaron esta mañana la competencia total en Ziulu.
En el expediente, concretamente, se investiga la presunta compra y retención de 150 DNI a empleados municipales para evitar que esa gente vaya a las urnas. El peronismo apunta a Raúl Ibarra, un funcionario de la gestión de Matías Rappallini, radical en Cambiemos.
Si bien se trata de un hecho grave, la situación es extremadamente delicada porque Rappallini retuvo la intendencia tras ganarle al justicialista Facundo Coudannes por tan sólo 62 votos.
Coudannes aseguró que son al menos 30 los casos comprobados. El medio platense asegura que sus periodistas pudieron acceder a capturas de celulares de ofrecimientos de hasta dos mil pesos.
Asimismo, Coudannes agregó que aportarán todas las pruebas que demuestran la veracidad de los hechos ocurridos en Maipú y presentarán un pedido de citación a los damnificados y la intervención de la Gendarmería Nacional por “considerar que la policía distrital cometió irregularidades al momento en que los damnificados quisieron realizar la denuncia correspondiente”.
También de acuerdo a Infocielo, casi todos los especialistas en temas electorales del PJ atienden en el tema y van a buscar ir “hasta las últimas consecuencias”. Uno de ellos admitió que “nadie estaba preparado para esto porque es volver a la época de los conservadores”.
Como ya informó el nombrado portal, no es la primera vez que la familia del jefe comunal queda envuelta en una polémica. Lo que sucede es que, entre la Comuna y la empresa Gigot Cosméticos (el hermano y el primo son sus principales directivos), los Rappallini pueden decir sobre 1.100 trabajadores, directa o indirectamente.
Según el artículo 133 del Código Electoral provincial, serán “penados con arresto de uno (1) a tres (3) años, los que cometan alguno de los hechos siguientes: e) Impedir al elector dar su voto, manteniéndolo secuestrado durante las horas de la elección, por medio de un ardid, engaño o seducción, o despojándolo de su documento cívico habilitante”.
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