La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) había denunciado hace una semana que el programa Incluir Salud y el Ministerio de Salud bonaerense les adeudan 700 millones de pesos.
Ayer, el titular de ARD, Alfredo Casaliba, confirmó que a partir de hoy los centros de salud nucleados en la asociación que él preside dejarán de prestar el servicio y que lo hospitales públicos deberán hacerse cargo de estos pacientes, aunque señaló que la mayoría de ellos no están en condiciones de asumir dicha responsabilidad.
Esta semana Verónica Cuco recibió la noticia de que el centro marplatense Nefrología Lamadrid interrumpirá su tratamiento. “No te podemos atender más porque no pagan”, le dijeron. No solo a ella, sino también a otros 30 pacientes que asisten al mismo centro de salud. “Dependemos del programa Incluir Salud. Pero nos están dejando morir al no pagar. Sin diálisis me muero. Y no me quiero morir”, le contó Verónica a La Capital.
“Nos dejan a todos los pacientes de diálisis en la calle. Esto es abandono de persona. Estamos desesperados y no somos alarmistas. Esto es de vida o muerte. Si no me hago diálisis, me muero; tengo miedo”, agregó Cuco, con la entendible angustia del caso.
La gravedad de la situación motivó que el diputado provincial Avelino Zurro presentara una solicitud de informes al Poder Ejecutivo bonaerense “para que a través del IOMA y por su intermedio quien corresponda, se sirva informar de forma urgente y a la mayor brevedad posible sobre diversos aspectos relacionados con la cobertura del servicio de hemodiálisis –en el marco del Programa Incluir Salud– que se presta en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia también se movió para destrabar cuando antes el conflicto. El Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, se entrevistó con el presidente de IOMA, Pablo Di Liscia, y con el titular de la Unidad Ejecutora de Incluir Salud en la Provincia, Nicolás Ginobili.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.