La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) había denunciado hace una semana que el programa Incluir Salud y el Ministerio de Salud bonaerense les adeudan 700 millones de pesos.
Ayer, el titular de ARD, Alfredo Casaliba, confirmó que a partir de hoy los centros de salud nucleados en la asociación que él preside dejarán de prestar el servicio y que lo hospitales públicos deberán hacerse cargo de estos pacientes, aunque señaló que la mayoría de ellos no están en condiciones de asumir dicha responsabilidad.
Esta semana Verónica Cuco recibió la noticia de que el centro marplatense Nefrología Lamadrid interrumpirá su tratamiento. “No te podemos atender más porque no pagan”, le dijeron. No solo a ella, sino también a otros 30 pacientes que asisten al mismo centro de salud. “Dependemos del programa Incluir Salud. Pero nos están dejando morir al no pagar. Sin diálisis me muero. Y no me quiero morir”, le contó Verónica a La Capital.
“Nos dejan a todos los pacientes de diálisis en la calle. Esto es abandono de persona. Estamos desesperados y no somos alarmistas. Esto es de vida o muerte. Si no me hago diálisis, me muero; tengo miedo”, agregó Cuco, con la entendible angustia del caso.
La gravedad de la situación motivó que el diputado provincial Avelino Zurro presentara una solicitud de informes al Poder Ejecutivo bonaerense “para que a través del IOMA y por su intermedio quien corresponda, se sirva informar de forma urgente y a la mayor brevedad posible sobre diversos aspectos relacionados con la cobertura del servicio de hemodiálisis –en el marco del Programa Incluir Salud– que se presta en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia también se movió para destrabar cuando antes el conflicto. El Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, se entrevistó con el presidente de IOMA, Pablo Di Liscia, y con el titular de la Unidad Ejecutora de Incluir Salud en la Provincia, Nicolás Ginobili.
12 de agosto. El jefe comunal en uso de licencia y la intendenta interina fueron procesados por haber retenido documentos de votantes en los comicios de 2019, que ganaron por 50 votos. La Justicia comprobó que 19 personas no pudieron votar por la retención de documentos, pero sospechan que el número sería mayor.
11 de agosto. Desde diciembre de 2023, las tarifas eléctricas de EDEA acumulan aumentos que van del 480% al 620%, según la categoría de usuario. Un incremento que tiene su raíz en la profunda transformación de la política energética definida por el gobierno nacional: reducción de subsidios, recomposición del precio mayorista y mayor traslado del costo de la energía a los usuarios. Por qué no todos tuvieron el mismo aumento y cuánto se encareció la electricidad frente al resto de los precios.
07 de agosto. Luego de casi 12 horas de sesión, el proyecto de ley fue aprobada en general con 37 votos a favor y 33 en contra. Durante su tratamiento se eliminaron los capítulos referidos a la compra de tierras por parte de extranjeros y a los cambios vinculados a la Ley de Manejo del Fuego.
06 de agosto. El gobierno municipal del peronista de Juan Pablo García decidió denominarlo “Estadio Ciudad de Dolores”. “La iniciativa afecta principios básicos de convivencia democrática y respeto por las decisiones institucionales de la ciudad”, argumentaron los radicales dolorenses en un documento.
26 de julio. Cada 26 de julio se reconoce a los abuelos y abuelas por su rol fundamental en la familia.
15 de julio. Dolores registró el mayor incremento de los fondos provinciales entre los municipios de la Quinta Sección durante el período 2023-2026, con una suba del 6,54%. En la comparación entre 2025 y 2026, Lobería y Monte encabezaron los aumentos, mientras que Pinamar y Villa Gesell sufrieron las mayores reducciones.
15 de julio. Resultó el valor más bajo en los últimos diez meses, tras el 1,9% de agosto de 2025, pero acumula un alza de 33,5% en 12 meses. Una familia de cuatro personas necesitó $1.531.473 para no ser pobre en mayo de 2026.
13 de julio. La iniciativa obtuvo el respaldo de más de dos tercios del Concejo Deliberante y activó un proceso para ampliar facultades comunales mientras el ajuste del gobierno nacional reduce el margen de gestión territorial.