Los trabajadores de la municipalidad de Pinamar iniciaron una retención de tareas luego de que el gobierno a cargo del intendente Martín Yeza no abonara los haberes de marzo en su totalidad.
Los empleados participaron de una nueva audiencia en el ministerio de Trabajo en la que resolvieron no regularizar las labores mientras no se terminen de pagar los sueldos.
Según detalla el sitio Telégrafo, el encuentro entre las partes se realizó a través de una videoconferencia, aunque ningún funcionario de la gestión de Yeza se presentó “sin motivo expreso previo que justifique la imposibilidad”, según quedó reflejado en el acta.
Este viernes habrá una nueva reunión a fin de intentar encausar un conflicto ya recurrente, ahora profundizado por el escenario socio económico que atraviesa el país ante la pandemia de coronavirus y el aislamiento obligatorio consecuente.
El Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar (STMP) exige además el cumplimiento de la paritaria 2019, es decir, la incorporación al salario básico del 10% no remunerativo a partir de marzo y el aumento del 6% no remunerativo desde el mismo mes, entre otros puntos.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.