El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó en las últimas horas que el gobierno nacional estudia la posibilidad de volver a implementar una versión de los programas Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Asistencia para la Producción y el trabajo (ATP) si se profundiza el rebrote de Coronavirus.
Al ser consultado en Radio Provincia por la vuelta del IFE y el ATP, Arroyo indicó: “Si hay un rebrote vamos a tomar medidas excepcionales sociales. El Presupuesto 2021 está pensado sin rebrote, pero si lo hay vamos a tomar medidas excepcionales como lo hicimos en el 2020”.
Arroyo precisó que también están trabajando mucho con el foco en cuatro millones de personas que viven en condiciones de hacinamiento.
Actualmente, desde Desarrollo Social, trabajan en 400 barrios vulnerables y afirmó que mejorar el hábitat de esa población será “la segunda política central de Estado, después de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”.
El funcionario afirmó que sigue de cerca el tema de la inflación y que “así como trabajamos con los precios del pan y la leche, vamos a avanzar con la carne, para ayudar al bolsillo de los más pobres”.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.