Dos exjefes de Contrainteligencia de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) del gobierno de Mauricio Macri fueron procesados en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
Según detalló la agencia de noticias estatal Télam, el juez federal interino de Dolores, Martín Bava, procesó a los exfuncionarios por ser responsables de la “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de participes secundarios” y les trabó embargos hasta cubrir la suma de $ 20 millones.
Se trata de Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra, quienes comandaron la Dirección Operacional de Contrainteligencia durante el período investigado.
Ahora, son 11 los exfuncionarios y exagentes de la AFI procesados por el presunto espionaje a familiares del ARA San Juan como así también del buque “El Repunte” y del buque “Rigel”. Entre ellos están los extitulares de la Agencia Federal Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En tanto, aún no tiene resolución la situación de Macri, quien ya debió declarar en el marco de la causa.
Coste y Dalmau Pereyra fueron convocados a indagatoria luego de la referencia efectuada por Arribas quien señaló que estos “atento a su rol en la orgánica de la Agencia Federal de Inteligencia al momento de los hechos, y por las especiales funciones que tenían a cargo debieron controlar las acciones ilegales llevadas adelante desde la Delegación Mar del Plata dependiente de la Dirección de Reunión Interior, a su cargo”.
Bava responsabilizó por el espionaje ilegal principalmente a Arribas y a Majdalani y subrayó que Dalmau Pereyra y Coste “permitieron que continuaran realizándose tareas de inteligencia ilegales sobre los familiares de los buques pesqueros referidos y, en particular, sobre los allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan”.
“Otro aspecto que corresponde poner de resalto en el marco del análisis de responsabilidad de los imputados guarda relación con la ausencia de medidas de contrainteligencia llevadas adelante por ambos imputados en relación a la denuncia pública de las víctimas en la época de los hechos”, indicó el magistrado.
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