Con el propósito de defender los recursos de la comunidad, el Municipio de Morón inició en agosto del año pasado juicios de apremio a tres empresas de telefonía celular: Telefónica de Argentina SA, Telefónica Móviles SA y AMX. Las mismas adeudan una cifra inicialmente calculada en 11.200.000 pesos por el no pago de la Tasa por Inspección del Emplazamiento de Estructuras y/o Soportes de Antenas y Equipos Complementarios (TIEE), por el periodo fiscal 2021, conforme lo establecido en la Ordenanza Fiscal e Impositiva. Días atrás, la Justicia en lo Civil y Comercial de Morón trabó embargos preventivos por $ 5.243.916,20 a Telefónica y $ 4.935.350,22 a AMX (Claro). Estos montos se encuentran depositados en los expedientes judiciales e invertidos en plazos fijos a la espera de obtención de la sentencia.
Los períodos adeudados por las telefónicas a Morón corresponden a las cuotas 1, 2 y 3 del período 2021 de la TIEE, un tributo que se aplica en todos los distritos con el objetivo de regular la instalación y funcionamiento de instalaciones y tecnología de telecomunicaciones.
En los últimos dos años, el Gobierno que conduce el intendente Lucas Ghi puso especial énfasis en que las políticas tributarias se orientaran al desarrollo económico, social y humano en la comuna. En ese sentido, a la par de las exenciones que permitieron a más de 10.000 pymes del distrito atravesar la etapa más recesiva de la pandemia, el Estado local se ocupó del recupero de deudas generadas por el no pago de algunas obligaciones fiscales por parte de grandes contribuyentes. Fue así que, en diciembre último, por ejemplo, obtuvo un histórico fallo a favor en la causa iniciada contra el Grupo Concesionario del Oeste S.A. La empresa explota el uso de la Autopista del Oeste y adeuda casi 33 millones de pesos por la falta de pago de la tasa municipal por mantenimiento y/o reconstrucción de las vías de acceso.
Desde el Municipio de Morón afirmaron que continuarán con las “acciones de recupero de deuda, como evidencia del compromiso del Gobierno municipal para exigir el cumplimiento de los deberes fiscales, que permiten nutrir las arcas públicas e implementar programas y acciones en favor de la comunidad”.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.