La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario por sequía en el partido de Dolores, entre el 1° julio y el 31 de diciembre del 2022.
Esta acción hace lugar al pedido del Intendente Camilo Etchevarren, que conjuntamente con la Sociedad Rural de Dolores, vienen reclamando e impulsando esta medida, haciéndose eco del reclamo de los productores que verán afectado su rodeo vacuno por la falta de lluvias.
Para la ganadería vacuna los problemas de la sequía se resumen en la falta de forrajes naturales y los pastos, como así también en la merma que se puede registrar en la producción de maíz y otros granos que se utilizan como alimento de los animales en los feedlots y en los tambos.
El agravante es que esta situación se da en momentos clave de las actividades, que es cuando hay parición de las vacas y comienza la cría de terneros.
Ahora se espera el decreto de la Provincia para que los productores afectados queden exentos del pago del Impuesto Inmobiliario Rural y, a la vez, que el Banco de la Provincia de Buenos Aires adopte medidas para la efectivización de los beneficios crediticios.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.