El Gobierno bonaerense oficializó este lunes la creación del fondo especial para que los municipios puedan pagar a las y los trabajadores las sumas fijas de hasta $60.000, decreto en el que se aclaró que las asignaciones serán reembolsables, pese al reclamo de los intendentes de Juntos por el Cambio sobre ese punto.
En este marco, el intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, envió nota dirigida al gobernador Axel Kicillof, donde considera que este fondo especial causaría “más daños que beneficios”.
El jefe Comunal se basa en que “el dinero debe ser devuelto en un plazo que afectaría el pago del Sueldo Anual Complementario del mes de diciembre ya que la suma sería descontada del giro de la coparticipación” a esto le sumó “la emergencia económica que atraviesa el municipio”.
Rodríguez Ponte destacó la política salarial impulsada por el Municipio este año: “En lo que va del año los empleados municipales han recibido un incremento acumulado del 72% en sus haberes, específicamente este mes se aumentaron un 15 %, que se deberá afrontar con la coparticipación íntegramente más una suma que proviene de fondos municipales”, señaló.
A esto le sumó: “Además, esto perjudicaría a quien asuma el día 10 de diciembre, dejándolo en un municipio desfinanciado y con las cuentas desequilibradas y que quien lo suceda no reciba la comuna desfinanciada como ocurriera en 2015”.
EL DECRETO
Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el decreto por el cual se crea el Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios, “con el objetivo de coadyuvar a los municipios de la provincia para el pago de una asignación no remunerativa extraordinaria para los y las trabajadores municipales”.
También especificó que el fondo se integra con recursos de rentas generales de la provincia, Aportes del Tesoro Nacional y cualquier otra fuente que al efecto determine la autoridad de aplicación, por hasta la suma de $4.000 millones, que podrá ser ampliado hasta $8.000 millones.
En ese sentido, se detalló que la asignación de ayudas financieras “será efectuada a solicitud del municipio” para lo cual deberá pedirlo el intendente o el contador de cada distrito y se deberá consignar el monto total que implica el pago de la asignación no remunerativa extraordinaria, “en los términos estipulados a nivel nacional, acompañando una declaración jurada que justifique la suma informada, en la cual se indique la cantidad de agentes municipales que quedarían alcanzados como beneficiarios y los valores de la asignación”.
El decreto indicó también que “las asistencias financieras serán de hasta el 50% del monto informado por el municipio”, y se dispuso que los fondos serán reembolsables.
Así, los montos otorgados a los municipios deberán ser reintegrados a la Provincia en noviembre o diciembre de 2023 y no devengarán intereses ni gastos administrativos de ninguna índole.
En tanto, además, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso, del decreto se desprende que el municipio deberá autorizar expresamente al Ministerio de Hacienda bonaerense a retener de los recursos que le correspondan por el Régimen de Coparticipación de Impuestos los montos que resulten en función de la ayuda financiera otorgada.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.