La nueva versión del proyecto de Ley Ómnibus que el gobierno del presidente Javier Milei negoció con un sector de la oposición política confirma la intención de derogar la Ley 27.637, conocida popularmente como Ley de Zona Fría, que permite que los habitantes de varios distritos de la Región accedan a reducciones en las tarifas de gas de entre el 30% y el 50%.
El tandilense Alejandro “Topo” Rodríguez, diputado nacional por Consenso Federal durante el período 2019-2023, advirtió que el artículo 318 del nuevo proyecto establece “(…) reasignar los beneficios reconocidos por el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 en el marco del régimen de subsidios a establecer de acuerdo a los dispuesto en el art. 177 del Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023. Dicha reasignación comprenderá los beneficios previstos en el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637. Una vez implementado el esquema de subsidios conforme el art. 177 del Decreto Nº 70 del 20 de diciembre de 2023, el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 quedarán derogados”.
Según Rodríguez, diplomado con distinción máxima como Magíster en Gestión y Políticas Públicas en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, esta modificación normativa implica que “mediante el Mega DNU, en su artículo 177, se definirá una ‘canasta básica energética’ y se aplicará un nuevo esquema de subsidios segmentados, tomando en cuenta el nivel de ingresos”.
De esta manera, “quedarán afuera de los actuales descuentos por Zona Fría todos los hogares de clase media trabajadora. Al mismo tiempo, la Secretaría de Energía de la Nación ya propuso eliminar los subsidios en el precio del gas. Lo hará entre febrero y abril, para pasar de pagar 0,7 dólares a 4 dólares el millón de BTU Adicionalmente, las empresas distribuidoras ha solicitado aumentos de entre 421% y 700%”, explicó el director del Instituto Consenso Federal.
“Como si todo lo anterior fuera poco, también piden aumentar mensualmente la factura de gas. Sí, quieren aumentos todos los meses, aplicando el índice de precios internos mayoristas (IPIM)”, que en diciembre pasado fue del 54%, indicó el licenciado en Ciencia Política de la Universidad del Salvador.
Con la eliminación de subsidios y la suba de los componentes de la tarifa, entre otros puntos, una familia que reside en alguno de los distritos de la provincia de Buenos Aires donde hoy rige la Ley de Zona Fría que en enero haya pagado $ 15.000 de gas, llegará a abonar cerca de $ 1 millón por el gas en el tercer trimestre de este año, de acuerdo a la estimación realizada por Rodríguez.
El dirigente tandilense advirtió que “la decisión de eliminar los descuentos por Zona Fría la toman por fanatismo ideológico, ya que ese subsidio no se financia con recursos del presupuesto y no genera ni un solo peso de déficit fiscal”, sino que se financia con una pequeña diferencia que pagan los usuarios.
CONFIRMADO: MILEI DEROGA LA LEY DE #ZONAFría Y ACHICA #DESCUENTOS EN #GAS. LA CLASE MEDIA: AFUERA!!
— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) January 22, 2024
En la nueva versión de la #LeyÓMNIBUS enviada al Congreso, el gobierno nacional señala explícitamente que derogará la Ley 27.637 de ampliación de #ZonasFrías para #descuentos en…
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.