Héctor Olivera retomó la titularidad del ejecutivo de Tordillo luego de tres años. “Para empezar este 2025 vuelvo a asumir como intendente de Tordillo con la firme resolución de darlo todo para que nuestra comunidad siga progresando pese a las dificultades económicas por las que atraviesa el país”, escribió en sus redes sociales.
En 2021, Olivera había ocupado la presidencia de la Autoridad del Agua, dependiente del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Luego dejó ese cargo, pero renovó el pedido de licencia por cuestiones personales y retomó la intendencia que estaba a cargo de Alfredo Farías.
En su posteo de inicio del 2025, Olivera señaló que “después de haber brindado en familia para recibir el nuevo año y luego de tres años en los que estuve de licencia y con otras responsabilidades, a partir de mañana trabajemos todos para seguir haciendo de Tordillo el lugar ideal para vivir, crecer y desarrollarse”.
Olivera ejerce la intendencia de Tordillo desde 2002, cuando completó el período del fallecido Agustín Monge. Desde entonces ha ganado todas las elecciones, incluyendo las de 2007 cuando no tuvo contrincante.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.