La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires señalizó dos nuevos Sitios de Memoria, en el marco de la ley nacional 26.691 y la ley provincial 13.584, que asignan a los distintos niveles del Estado la responsabilidad de diseñar e implementar políticas públicas para la señalización, preservación y difusión de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, y otros lugares emblemáticos vinculados al accionar del Terrorismo de Estado.
En este sentido, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Canton, aseguró que “la construcción permanente de la memoria es una garantía para evitar que las graves violaciones a los derechos humanos que sufrimos todos los argentinos no se vuelvan a repetir. Es una obligación del Estado asegurar el avance contante en la búsqueda por mantener la memoria viva para garantizar el Estado de Derecho”.
En el caso de General Lavalle, se señalizó ayer el cementerio local, en un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Sitios y el Municipio local. Allí fueron enterrados clandestinamente restos de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar de 1976. La iniciativa fue promovida por un grupo de estudiantes y docentes tras realizar un trabajo de investigación vinculado a la memoria en su ciudad, en el marco del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria.
La propuesta de señalizar el cementerio se consolidó en una Sesión Especial del Concejo Deliberante realizada en septiembre último, donde el grupo de estudiantes y docentes de la Escuela Media N° 1 presentó el proyecto de ordenanza a través de la Banca Pública, que se usó entonces primera vez en el Concejo Deliberante local. Durante 2017, el equipo de jóvenes y docentes promovió la solicitud de señalización del cementerio local como Sitio de Memoria, y recibieron asesoramiento de la Secretaría de Derechos Humanos provincial y de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria sobre la política de señalización.
En el cementerio de General Lavalle fueron enterrados sin nombre los restos de militantes políticos, sociales y sindicales detenidos-desaparecidos por el terrorismo de Estado, tras haber sido víctimas de los “vuelos de la muerte”, y luego de que sus cuerpos se hallaran en las costas del mar Argentino durante los años 1977 y 1978.
Entre fines de 2004 y principios de 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense llevó adelante un trabajo de exhumación en el lugar, hallando una fosa común con 33 cadáveres, de los cuales se logró determinar la identidad de 18 personas. Entre los restos identificados, se encontraron los de Azucena Villaflor, una de las fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y los de la religiosa francesa, Léonie Duquet.