Hace unos días, el Ministerio de Trabajo y Producción de la Nación dio luz verde a la empresa FATE para que despidiera a 450 empleados en San Fernando al habilitar el Proceso Preventivo de Crisis, a pesar de la oposición del sindicato que afirma que fue “fraudulento”. Además del caso de la firma del grupo Madanes, otros casos resonantes que se apegaron al procedimiento fueron los de Coca Cola, Femnsa y Avianca.
A esta información se suma la que envió este lunes la Jefatura de Gabinete de ministros al Senado en la previa de la visita de Marcos Peña. Según los números del extenso informe, en lo que va de 2019, 30 empresas ya pidieron a la Secretaría de Trabajo abrir Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC).
Se trata de una etapa previa a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas. Es decir que debe iniciarse antes de disponer suspensiones, reducciones de la jornada laboral o despidos por causas económicas o falta o disminución de trabajo.
Así, entidades gremiales o empresas con personería gremial podrán hacerlo. Siempre y cuando afecte a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores. Cuando no se alcancen esos porcentajes, deberá iniciarse el trámite del Decreto N° 328/88.
Según reproduce Infocielo, durante 2018, 146 compañías solicitaron el Procedimiento Preventivo de Crisis, de los cuales 107 todavía están en trámite, 25 terminaron con acuerdo y 14 fracasaron en la negociación, según el informe de la Jefatura de Gabinete.
Mientras que en 2017, sólo se registraron 66, es decir, menos de la mitad de los solicitados en 2018, según la información oficial.
La mayor había sido después de la crisis del 2001: fueron 379, de acuerdo a lo publicado por el diario La Nación en base a información oficial. La posterior, la del gobierno de Cambiemos del año pasado.
28 de enero. Nehemías tiene apenas un mes y permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna, en Bahía Blanca. El ataque habría ocurrido al día siguiente del parto y la madre hizo pública la denuncia por temor a que el acusado se acerque a ella o al niño.
28 de enero. Una mujer de 52 años sufrió un traumatismo de tórax luego de que la Toyota SW4 en la que viajaba volcara en una zona de dunas del norte de Villa Gesell. Otras tres personas resultaron ilesas.
28 de enero. El siniestro se produjo este martes cerca de las 21 en el kilómetro 181 de la Ruta 2, cuando un VW Vento impactó contra un camión y terminó debajo del acoplado. Las víctimas fueron derivadas al hospital local y se registraron demoras en la circulación.
27 de enero. La víctima había sido embestida mientras regresaba de trabajar en bicicleta. Permaneció en estado crítico durante casi dos semanas y el caso continúa bajo investigación judicial.
27 de enero. Tiene 21 años, es una de las caras jóvenes de Netflix y sorprendió a turistas y vecinos del Partido de La Costa. El actor español Julen Katzy, protagonista de Valle Salvaje, eligió pasar el verano en San Clemente del Tuyú, donde arma carpas durante el día y por la noche trabaja como mozo. “Quería vivir algo diferente”, explicó.
27 de enero. Un informe de Provincia Microcréditos, basado en datos del Banco Central de la República Argentina, reveló que la morosidad en la provincia de Buenos Aires llegó al 12,8%, muy por encima del promedio nacional (8,8%). Entre jóvenes de 18 a 21 años, el nivel de incumplimiento trepó al 40%. Las causas y los proyectos de ley que buscan aliviar el sobreendeudamiento.
27 de enero. El Municipio advirtió que en el distrito no rige ninguna tasa sobre el combustible, pero que la estación inaugurada sobre la Ruta 11 aplica precios idénticos a los de Pinamar, donde sí se cobra un recargo del 3%. El intendente anunció pedidos formales de explicación.
27 de enero. A raíz de los recientes siniestros con camionetas, cuatriciclos y UTV en Pinamar y Villa Gesell, senadores provinciales presentaron un proyecto de ley para restringir la circulación de vehículos motorizados en playas y médanos, con foco en la seguridad y la protección ambiental.