El juicio oral en contra del empresario Lázaro Báez y otras 24 personas por el presunto lavado de 60 millones de dólares comenzó hoy en Comodoro Py. Es el caso del video de La Rosadita , de los millones "físicos" desparramados sobre la mesa de la financiera que funcionaba en un departamento de Puerto Madero.
Báez fue trasladado a primera hora de la mañana desde el Complejo Penitenciario Federal I, más conocido como cárcel de Ezeiza. Llegó a Comodoro Py mucho antes del horario previsto: el juicio oral está anunciado a las 9.30.
Junto con Báez serán juzgados otros 24 acusados, incluidos sus cuatro hijos; Jorge Chueco, abogado, y Daniel Pérez Gadín, contador. También será juzgados Leonardo Fariña y Federico Elaskar , quienes contaron en televisión cómo giraban el dinero al exterior a través de un circuito negro.
Es la primera gran causa de corrupción que investiga al empresariado ligado al kirchnerismo y que llega a juicio oral. Además, es una causa récord: se incautaron activos por 3000 millones de pesos. La defensa de Báez había pedido ayer que el proceso se suspendiera hasta que se resolvieran una serie de impugnaciones, pero el tribunal no hizo lugar a su planteo.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.