La jueza federal de San Martín Alicia Vence ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, a quien se investiga por tres delitos de lesa humanidad en los que habría tenido participación mientras integraba la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba) de San Martín, en donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, además de infiltración en organismos de Derechos Humanos.
En su resolución del 12 de abril pasado, la magistrada encontró a Fernández Garello “partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad comedida por un funcionario público, imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado por tratarse de perseguidos políticos”. Además ordenó un embargo por 300 mil pesos.
Las mismas medidas decretó para Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos, Hugo Daniel Cammarota, Jorge Norberto Apa, Guillermo Horacio Ornstein y Ricardo Alberto Coronel.
Pese a los procesamientos, la jueza consideró que no es necesario ordenar la prisión preventiva de los imputados al entender que “por el momento, no existen elementos objetivos que permitan suponer que Fernández Garello, Ríos, Tresguerras, Cammarota, Coronel, Ornstein y Apa (quien se encuentra detenido a disposición de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1 y 4 de San Martín, bajo la modalidad de prisión domiciliaria) intentarán eludir el accionar de la justicia o entorpecer la presente investigación, más allá de la escala penal de los delitos reprochados”.
Las acusaciones sobre el fiscal general de Mar del Plata surgen a partir de una denuncia presentada por la Comisión por la Memoria junto al Serpaj, el Cels, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina, en 2016.
En concreto, los organismos de DDHH sacaron a la luz su posible rol dentro de la estructura represiva del terrorismo de estado, cuando se desempeñaba como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la delegación de San Martín.
29 de abril. El Municipio confirmó el depósito de haberes para trabajadores y personal médico, aunque al mismo tiempo anunció que funcionarios, jerárquicos y concejales deberán esperar. La medida expone la tensión financiera y abre un nuevo frente político en el distrito.
20 de abril. El ex intendente confirmó su intención de volver a competir y reveló conversaciones con dirigentes de La Libertad Avanza, incluyendo referentes libertarios como Milena Suárez y Jorge Domínguez. En un escenario dominado por el oficialismo, la oposición empieza a explorar un armado común.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.