La jueza federal de San Martín Alicia Vence ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, a quien se investiga por tres delitos de lesa humanidad en los que habría tenido participación mientras integraba la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba) de San Martín, en donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, además de infiltración en organismos de Derechos Humanos.
En su resolución del 12 de abril pasado, la magistrada encontró a Fernández Garello “partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad comedida por un funcionario público, imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado por tratarse de perseguidos políticos”. Además ordenó un embargo por 300 mil pesos.
Las mismas medidas decretó para Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos, Hugo Daniel Cammarota, Jorge Norberto Apa, Guillermo Horacio Ornstein y Ricardo Alberto Coronel.
Pese a los procesamientos, la jueza consideró que no es necesario ordenar la prisión preventiva de los imputados al entender que “por el momento, no existen elementos objetivos que permitan suponer que Fernández Garello, Ríos, Tresguerras, Cammarota, Coronel, Ornstein y Apa (quien se encuentra detenido a disposición de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1 y 4 de San Martín, bajo la modalidad de prisión domiciliaria) intentarán eludir el accionar de la justicia o entorpecer la presente investigación, más allá de la escala penal de los delitos reprochados”.
Las acusaciones sobre el fiscal general de Mar del Plata surgen a partir de una denuncia presentada por la Comisión por la Memoria junto al Serpaj, el Cels, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina, en 2016.
En concreto, los organismos de DDHH sacaron a la luz su posible rol dentro de la estructura represiva del terrorismo de estado, cuando se desempeñaba como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la delegación de San Martín.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.