La jueza federal de San Martín Alicia Vence ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, a quien se investiga por tres delitos de lesa humanidad en los que habría tenido participación mientras integraba la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba) de San Martín, en donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, además de infiltración en organismos de Derechos Humanos.
En su resolución del 12 de abril pasado, la magistrada encontró a Fernández Garello “partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad comedida por un funcionario público, imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado por tratarse de perseguidos políticos”. Además ordenó un embargo por 300 mil pesos.
Las mismas medidas decretó para Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos, Hugo Daniel Cammarota, Jorge Norberto Apa, Guillermo Horacio Ornstein y Ricardo Alberto Coronel.
Pese a los procesamientos, la jueza consideró que no es necesario ordenar la prisión preventiva de los imputados al entender que “por el momento, no existen elementos objetivos que permitan suponer que Fernández Garello, Ríos, Tresguerras, Cammarota, Coronel, Ornstein y Apa (quien se encuentra detenido a disposición de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1 y 4 de San Martín, bajo la modalidad de prisión domiciliaria) intentarán eludir el accionar de la justicia o entorpecer la presente investigación, más allá de la escala penal de los delitos reprochados”.
Las acusaciones sobre el fiscal general de Mar del Plata surgen a partir de una denuncia presentada por la Comisión por la Memoria junto al Serpaj, el Cels, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina, en 2016.
En concreto, los organismos de DDHH sacaron a la luz su posible rol dentro de la estructura represiva del terrorismo de estado, cuando se desempeñaba como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la delegación de San Martín.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.