En la cuenta regresiva de la campaña electoral y en un contexto de economía estancada, caída de empleo y alza inflacionaria, la CGT realiza hoy su quinto paro general en rechazo de la gestión del presidente Mauricio Macri.
Al menos por esta jornada de protesta, el atomizado rompecabezas sindical se unificará fugazmente para presionar por un cambio del rumbo económico, rechazar el pacto entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional.
Con la adhesión del transporte público de pasajeros y de una amplia mayoría de sectores sindicales que hasta ahora habían reaccionado de manera dispersa, la huelga se anticipa como una de las más contundentes. Durará 24 horas y los gremios cegetistas no prevén una movilización. Sin embargo, la izquierda trotskista bloqueará los accesos a las grandes urbes y se diferenciará de los organizadores con un acto en el Obelisco.
La Casa Rosada buscó neutralizar el paro hasta último momento al agilizar el reparto de $13.000 millones para las obras sociales sindicales. También activó una mesa de diálogo con los gremios del transporte para explorar recetas para mitigar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios del sector. Pero no hubo caso. El transporte, que torció el debate interno en la CGT para apurar la medida de fuerza, es el músculo más vigoroso para garantizar la efectividad de la protesta. No funcionarán hoy colectivos, trenes y subtes. Tampoco habrá vuelos de cabotaje y la actividad en los puertos estará paralizada. No habrá clases, bancos ni recolección de residuos.
Como sucedió el año pasado, la CGT avanzó hacia el quinto paro presionado por Hugo Moyano y el resto de los gremios disidentes. El camionero, en tándem con las vertientes de la CTA, trazó la hoja de ruta de protestas con la huelga del 30 de abril pasado, a la que los principales sindicatos cegetistas no adhirieron. Hoy, el gremialismo unificará su fuerza.
Críticas y reclamos
En la CGT cuestionan al Gobierno por su impericia para resolver la inflación y la caída del empleo. Además, consideraron tardía y con pura intención electoral la convocatoria a sellar diez puntos de un acuerdo de estabilidad. "Es un gobierno que ya se va. En todo caso, debemos discutirlo con el que viene", planteó Carlos Acuña, uno de los dos jefes de la central obrera peronista.
A través de un video que divulgó por las redes sociales, la CGT enumeró las razones de la protesta: reclamó activar un pacto antidespidos; aumento del salario mínimo; congelamiento de las tarifas de los servicios públicos; modificar el rumbo del plan económico y paritarias libres para evitar la caída del salario real.
Con el calendario electoral encima, se descartan medidas similares para lo que resta del año, según fuentes jerárquicas de la CGT consultadas por LA NACION. De concretarse este vaticinio, Macri concluiría su mandato con cinco huelgas generales. Quedará así lejos de los registros que pesan sobre los otros gobiernos no peronistas que hubo desde el regreso a la democracia. La CGT le hizo 13 huelgas a Raúl Alfonsín (una cada cinco meses) y nueve a Fernando de la Rúa, las dos últimas gestiones puramente radicales que estuvieron marcadas por un estigma sindical.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.