Gustavo Barrera (Frente de Todos), intendente de Villa Gesell; Martín Yeza, de Pinamar; y Esteban Santoro, de General Madariaga (estos dos últimos alcaldes, bajo la órbita de Juntos por el Cambio) tuvieron su primer encuentro en conjunto tras ser reelectos en las elecciones generales del pasado 27 de octubre.
Tras el cónclave, el jefe comunal geselino declaró: "Nos reunimos para conversar sobre problemáticas comunes en nuestra región. Seguiremos trabajando en conjunto para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas".
La integración regional sigue siendo una de las grandes deudas de las tres comunas, que a través de diferentes administraciones y colores políticos no han logrado avanzar en proyectos ni normativas comunes. Por el contrario, esta reunión es un buen paso dado.
Nos reunimos con el Intendente de #Pinamar @martinyeza y el Intendente de #Madariaga Carlos Santoro para conversar sobre problemáticas comunes en nuestra región. Seguiremos trabajando en conjunto para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. #ConstruyendoFuturo pic.twitter.com/L9ihp9IE29
— Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) November 12, 2019
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.