El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció esta tarde que mandará al Congreso Nacional un proyecto de ley para “congelar alquileres, impedir desalojos, ejecuciones hipotecarias y congelar cuotas” por 180 días debido a la crisis desencadenada por la pandemia de coronavirus.
“Lo estamos mandando al Congreso. Sé que Sergio (Massa) tiene un proyecto. Mandamos el nuestro, es un aporte”, sentenció.
Según publicó Ámbito.com, el presidente estimó que en un mes y medio será el pico de contagio de coronavirus. Adelantó que extenderá la cuarentena si es necesario. "Cuidar la economía o cuidar la vida, yo elegí cuidar la vida", reiteró.
Massa había adelantado ayer en declaraciones a medios periodísticos que "es probable que próximamente pueda ser necesario" convocar al Congreso Nacional para dar instrumentos al Gobierno en temas como "alquileres, despidos, impuestos" y afirmó que "será con todas las indicaciones que nos den las autoridades sanitarias".
Puso como ejemplo temas vinculados a "los remates de casas y desalojos" y aseguró que "el presidente nos planteó la posibilidad de que juntemos al Congreso y resolvamos este tema con una ley. En este tema no hay grieta".
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.