“Autocrítica: no haber hecho más para cerrar @AgenciaTelam y la @TV_Publica, dos clubes de militantes autoritarios carísimos e incompetentes”, esto tuiteó Pablo Avelluto, quien fuera ministro de Cultura del gobierno nacional desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia y luego secretario de Cultura hasta la salida de Cambiemos del poder.
“El costo de tener Télam y TV Pública es mucho y el beneficio nulo”, agregó Avelluto en uno de los comentarios a los muchos tuiteros que reaccionaron ante lo manifestado por Avelluto.
“La noticia que provocó la reacción de @pabloavelluto no era cierta (un zócalo equivocado) pero sirvió para conocer su total desprecio por todos los trabajadores de los medios que le tocó conducir”, escribió la periodista María O’Donell, que también se hizo eco de los dichos de Avelluto.
El informe de Sipreba publicado el año pasado señaló que desde el año 2016 los trabajadores de prensa perdieron por lo menos 3.127 puestos de trabajo registrado, solo en la Ciudad de Buenos Aires.
Si se tiene en cuenta todo el país la cifra se eleva a más de 4.500, esto significa la pérdida de alrededor del 30% de los puestos de los trabajadores y las trabajadoras bajo Convenio Colectivo.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.