La ley alcanza a servicios de alojamiento, agencias de viajes, transporte vinculado a la actividad, profesionales y guías de turismo, centros turísticos y gastronomía, entre otros. Además, invita a la Ciudad de Buenos Aires y las provincias a “tomar medidas de apoyo al sector turístico en lo que hace a sus competencias”.
El proyecto sancionado, que había sido votado por unanimidad en el Senado, contempla numerosos beneficios para el sector turístico: prórroga del programa ATP para el pago de salarios, asistencia económica a PyMEs, reducción de contribuciones patronales, planes de moratoria, suspensión de embargos y reducción de alícuotas de la ley del cheque, entre otros.
En tanto, para los consumidores estipula bonos vacacionales, un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados y un sistema de compensación, por parte del Estado Nacional, del 50% en la preventa de los paquetes turísticos que se adquieran para 2021.
El proyecto contó con el voto de 127 diputados, mientras que los legisladores de izquierda Romina del Pla y Nicolás del Caño se abstuvieron porque "no estamos de acuerdo con que se disminuyan los aportes patronales a la contribución social, que no es plata de las empresas sino diferimiento de los sueldos de los trabajadores".
El debate se realizó sin la participación de los diputados de Juntos por el Cambio, quienes se retiraron del recinto de sesiones luego de casi 6 horas de expresiones políticas sobre el funcionamiento virtual del cuerpo, ya que consideran que la sesión no es válida porque aducen que no está vigente el sistema telemático.
La sesión especial virtual se realizaba con la participación de los diputados del Frente de Todos, el Interbloque de Unidad para el Desarrollo, el bloque justicialista, Córdoba Federal, la izquierda y el Movimiento Popular Neuquino, ya que Consenso Federal y el socialismo no se incorporaron al debate.
El diputado formoseño del Frente Todos, Ramiro Fernández Patri, aseguró que "es un proyecto muy esperado y los diputados que no están acá no sé cómo van hacer para mirar a los ojos a un mozo, que están esperando con ansias esta ley. Todos estábamos esperando desde hace muchas horas para debatir este proyecto que le interesa al pueblo argentino y en especial a los 500 mil trabajadores".
Por su parte, el titular de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, dijo que es una "ley esperada porque esta actividad requiere de una presencia muy fuerte del Estado donde tiene que haber un equilibrio entre las empresas, los trabajadores y los consumidores". De todos modos lamentó que en esta iniciativa "no se tuvo en cuenta a los consumidores que no podrán recuperar el precio de los pasajes que abonaron y no pudieron concretar, en especial aquellos adquiridos en las plataformas de intermediación y con tarjetas de créditos".
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.