El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, supone una amenaza para la democracia en su país por sus intentos de “mellar” la confianza en los sistemas electoral y judicial a menos de un año de las elecciones de octubre, advirtió la ONG Human Rights Watch (HRW) en su informe anual. “Bolsonaro ha supuesto un gran retroceso en la evolución de la democracia brasileña”, dijo Kenneth Roth, director de la organización defensora de derechos humanos, en la presentación del reporte desde Sao Paulo.
HRW responsabilizó al mandatario de extrema derecha de intentar debilitar los “pilares de la democracia” al atacar al Supremo Tribunal Federal, que inició cuatro investigaciones penales en su contra, y por repetir “alegaciones infundadas de fraude electoral” en la antesala de los comicios.
“Con la cercanía de las presidenciales de octubre de 2022, las instituciones democráticas brasileñas deben proteger los derechos al voto y la libertad de expresión de cualquier tentativa de subversión del sistema electoral o del debilitamiento del Estado de derecho y las libertades fundamentales por parte del presidente”, señalaron desde la organización.
Campaña contra el voto electrónico
El mandatario brasileño emprendió el año pasado una campaña contra el actual sistema electrónico de voto de Brasil, al que cuestiona -sin pruebas- por supuestamente prestarse al fraude.
Bolsonaro llegó incluso a declarar que se negará a reconocer una eventual derrota y que “solo Dios” lo sacará del poder si pierde la batalla electoral, en la que probablemente tenga como rival al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en las encuestas, si bien aún no oficializó su candidatura.
En su reporte, HRW también denunció que el Gobierno brasileño buscó enviar a prisión a “por lo menos 17 críticos” de su gestión, al servirse de una ley de seguridad nacional promulgada durante la dictadura militar (1964-1985) y que fue revocada por el Congreso en agosto.
Políticas contrarias a los derechos humanos
Además, la directora de HRW Brasil, Maria Laura Canineu, criticó la “política desastrosa en relación con la pandemia”, minimizada por el gobernante y que deja más de 620.000 muertos en el país, una cifra superada solo por Estados Unidos, así como la deforestación en la Amazonía, la más alta desde 2006.
“El gobierno de Bolsonaro promovió políticas contrarias a los derechos humanos en otras áreas, incluyendo derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres, derechos de las personas con discapacidades y libertad de expresión”, resaltó el documento.
El informe advierte, asimismo, que la letalidad policial alcanzó un número récord en el gigante sudamericano, con más de 6.400 víctimas fatales -de las cuales el 80% eran negros– en 2020, el último año sobre el cual hay datos disponibles.
La cifra, consolidada por la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), es la más alta desde que existen registros.
“Si bien algunas muertes por policías son en defensa propia, muchas otras son resultado del uso ilegal de la fuerza”, aseguraron desde HRW. Canineu lamentó la impunidad en esos casos y acusó a Bolsonaro de “no condenar nunca la violencia policial, inclusive de incitarla”.
30 de abril. El gobernador Axel Kicillof optó por no aplicar la actualización que estaba habilitada en la ley impositiva votada por mayoría en la Legislatura bonaerense.
26 de abril. La jornada se desarrolló en Mar Chiquita con la presencia de funcionarios, intendentes y militantes.
23 de abril. El homenaje al jefe comunal costero en tributo a “gran trayectoria e historia” se realizará este viernes en Santa Clara del Mar.
19 de abril. El presidente de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), Hugo Obed, firmó sendos acuerdos con los intendentes Juan Pablo García y Juan de Jesús.
18 de abril. Los trabajos tuvieron una inversión de $88 millones. Además, se hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad.
17 de abril. La inversión es parte de un plan de $ 1.273 millones que también contempla trabajos en La Costa y Dolores, de los cuales se anunciarán detalles próximamente.