El intendente de Dolores, Juan Pablo García, anunció un nuevo aumento de sueldo para los trabajadores municipales, que consiste en un incremento del 30 % sobre el salario básico, por lo que alcanza también a los jubilados.
El jefe comunal remarcó que este aumento no será percibido por los funcionarios políticos de su administración, lo que lo incluye, lógicamente, al propio García.
"Los funcionarios del gabinete, los concejales y yo no vamos a cobrar este aumento, esto nos permite destinar la totalidad de los recursos a los empleados y poder alcanzar un 30% de aumento en sus salarios", explicó el intendente.
Además, el jefe comunal hizo referencia al difícil momento económico que atraviesa el país, lo que demanda un gran esfuerzo de la gestión para administrar los recursos existentes y poder mejorar la situación salarial de los trabajadores del Municipio.
"Por eso, como en cada medida, hicimos un análisis riguroso de los números para cuidar las cuentas municipales. De esta manera la plata de los dolorenses va a donde corresponde. Austeridad y cuentas claras: esto es otra manera de gobernar", remarcó el intendente al realizar el anuncio.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.