El intendente de Tordillo, Héctor Olivera, creó una comisión vecinal para la fiscalización de contrataciones y obras públicas a realizarse en el mencionado distrito.
“Nuestra gestión siempre tuvo todos los papeles en orden y a la vista de cualquier vecino que se acerque a la Municipalidad y pida verlos”, aclaró el intendente Olivera. “No obstante, para aumentar aún más esa transparencia y evitar cualquier tipo de especulación por parte de gente que no tiene cómo fundamentar lo que dice, decidí establecer esta comisión vecinal de acuerdo con lo que marca la Carta Orgánica de nuestra provincia”, concluyó según una publicación del portal Infozona.
La Ley de los Municipios de la provincia de Buenos Aires, o la Carta Orgánica, establece en su artículo 178, inciso III, que “el intendente tendrá como auxiliares para el cumplimiento de sus atribuciones y deberes (…) a las comisiones de vecinos que se nombren para vigilar o hacer ejecutar obras o prestar servicios determinados”.
En ese sentido, el decreto del jefe comunal tordillense instituye dicha comisión, cuyos requisitos para cualquier ciudadano que desee participar se pueden solicitar en el Palacio Municipal.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.