El gobierno bonaerense estableció por el decreto 131, publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincia, un régimen especial de ayuda financiera destinado a "financiar total o parcialmente proyectos de mantenimiento y/u obras nuevas, paralizadas o pendientes de ejecución" en municipios.
El decreto indica que no será admisible el financiamiento de gastos corrientes y que tales obras no podrán superponerse con otros proyectos en ejecución o en procesos de ser ejecutados por la provincia de Buenos Aires.
Dispone que en el caso de otorgarse la ayuda financiera del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, “el municipio en cuestión deberá presentar a través del intendente y con carácter de declaración jurada la documentación que respalde la correcta ejecución de los proyectos”.
Los municipios que reciban fondos por este régimen estarán bajo el control del Tribunal de Cuentas y garantizarán los fondos efectivamente transferidos con la coparticipación de impuestos.
El decreto lleva las firmas de la gobernadora, María Eugenia Vidal; su jefe de Gabinete, Federico Salvai; y los ministros Roberto Gigante (Insfraestructura), Hernán Lacunza (Economía), Joaquín De La Torre (Gobierno).
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.