En un giro total a su idea de política económica, el Gobierno tiene casi cerrado un acuerdo para congelar precios por seis meses y, a la vez, pactar pax inflacionaria con los CEOs de las productoras de alimentos hasta las elecciones.
Según cuenta el periodista Leandro Renou del portal Letra P, el secretario de Comercio, Ignacio Werner, ya cuenta con un compromiso de las empresas proveedoras para armar, dentro de Precios Cuidados, una especie de segmento con productos básicos. Serían entre 30 y 40 de diferentes rubros, como harina, aceite, yerba y otros alimentos, que tendrán por seis meses valores fijos. La idea sobre la que se trabaja es que esta variante esté disponible antes de la próxima revisión de Precios Cuidados, fechada para el 6 de mayo.
El trabajo fino, el de convencimiento, lo encaró el ministro de la Producción, Dante Sica, que se viene reuniendo con CEOs del consumo para pedirles que “banquen”. “Lo que busca es un acuerdo político”, contaron algunos de los consultados por el funcionario.
Según revela Renou, las dudas que se generaron en la elaboración de esta variante pasan por quién garantizará el abastecimiento de estos productos. Es que, por un lado, van a estar los productos similares de precio más alto, y los económicos. “Si hubo desabastecimiento con la leche, imagínate con esto”, relató otra fuente que está en el tema.
Hace unas semanas, Mastellone racionó el envío a las cadenas de leches económicas como La Armonía, y el producto fue una fiebre del consumo. Para evitar que ocurra eso, los productores ya pidieron que el precio de los productos con valor congelado “sea racional”.
“Esto no hubiese sido posible sin la desesperación que nos genera la caída en las ventas”, se sinceró un comerciante importante con Letra P.
¿Por qué el Gobierno aceptó algo que va en contra de su principio de economía libre y sin controles? Porque precisa que, en un contexto inflacionario no domado, las variables generales lleguen a las primarias con cierta normalidad. Por esta razón, el Ministerio de Hacienda, más encolumnado con una idea de “dejar jugar”, se corrió de la negociación para encargársela en un 100% a Sica y a Werner.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.