Ayer por la tarde, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Cámara Federal de Rosario ordenó allanar el domicilio de Manuel Pessaglia, intendente de Juntos por el Cambio de San Nicolás. La investigación por lavado de activos también involucra a parte de su círculo familiar. Entre ellos a Ismael José Passaglia, su padre, ex jefe comunal del distrito, cuyo domicilio también resultó allanado.
Los 31 operativos simultáneos los llevó a cabo la Policía Federal Argentina y aún se desconoce qué se encontró en cada uno de ellos. “Actualmente la causa está en secreto de sumario, ya que los imputados fueron tomando conocimiento de lo ocurrido a través de sus abogados y se sospecha que sabía los iban a allanar. No hay muchas expectativas de encontrar algo fuerte: se va a buscar documentación y ver el patrimonio en la casa. Vamos a ver qué encontramos”, indicó una fuente judicial a Infobae. Los allanamientos también se desarrollaron en propiedades vinculadas a la familia en Ramallo, San Pedro y la ciudad de Buenos Aires.
La causa se inició en 2018 a través de una denuncia anónima que alertó a la Justicia respecto de la posesión por parte de Ismael Passaglia de “bienes y propiedades que no se condecían con su salario”. La familia posee una casa en Punta del Este, tres departamentos en Barrio Parque, dos mil hectáreas de campo en la zona más costosa de La Pampa y estancias en San Pedro. También una serie de vehículos de alta gama. En la causa también están involucrados Liliana Ana Gaibazzi, Ismael Santiago Passaglia, María Passaglia y Delfina Passaglia.
Fue allí cuando la División Anticorrupción de la PFA realizó un informe patrimonial. El abogado de los Passaglia, Juan Carlos Marchetti, pidió la nulidad de los allanamientos, el juez Marcelo Bailaque aceptó tal requerimiento y fue la Sala A de la Cámara Federal de Rosario la que hizo lugar a un recurso de apelación presentado por el fiscal federal Matías Di Lello y la cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), María Laura Roteta. El tribunal ordenó que la investigación continúe en la justicia federal.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.