Ayer por la tarde, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Cámara Federal de Rosario ordenó allanar el domicilio de Manuel Pessaglia, intendente de Juntos por el Cambio de San Nicolás. La investigación por lavado de activos también involucra a parte de su círculo familiar. Entre ellos a Ismael José Passaglia, su padre, ex jefe comunal del distrito, cuyo domicilio también resultó allanado.
Los 31 operativos simultáneos los llevó a cabo la Policía Federal Argentina y aún se desconoce qué se encontró en cada uno de ellos. “Actualmente la causa está en secreto de sumario, ya que los imputados fueron tomando conocimiento de lo ocurrido a través de sus abogados y se sospecha que sabía los iban a allanar. No hay muchas expectativas de encontrar algo fuerte: se va a buscar documentación y ver el patrimonio en la casa. Vamos a ver qué encontramos”, indicó una fuente judicial a Infobae. Los allanamientos también se desarrollaron en propiedades vinculadas a la familia en Ramallo, San Pedro y la ciudad de Buenos Aires.
La causa se inició en 2018 a través de una denuncia anónima que alertó a la Justicia respecto de la posesión por parte de Ismael Passaglia de “bienes y propiedades que no se condecían con su salario”. La familia posee una casa en Punta del Este, tres departamentos en Barrio Parque, dos mil hectáreas de campo en la zona más costosa de La Pampa y estancias en San Pedro. También una serie de vehículos de alta gama. En la causa también están involucrados Liliana Ana Gaibazzi, Ismael Santiago Passaglia, María Passaglia y Delfina Passaglia.
Fue allí cuando la División Anticorrupción de la PFA realizó un informe patrimonial. El abogado de los Passaglia, Juan Carlos Marchetti, pidió la nulidad de los allanamientos, el juez Marcelo Bailaque aceptó tal requerimiento y fue la Sala A de la Cámara Federal de Rosario la que hizo lugar a un recurso de apelación presentado por el fiscal federal Matías Di Lello y la cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), María Laura Roteta. El tribunal ordenó que la investigación continúe en la justicia federal.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.
14 de mayo. Tras un tratamiento exprés en las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lograron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. Ahora buscan que se debata en el recinto el próximo miércoles.
12 de mayo. El gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita municipal tras la finalización de las obras. Desde el Municipio reclamaron que la devolución sea “completa, de inmediato y sin vueltas”.
06 de mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó este miércoles en varios actos junto a miembros de su gabinete. “Aquí no hay lugar para la motosierra”, aseveró.
05 de mayo. Algunos ediles se retiraron custodiados por las fuerzas de seguridad en un clima caldeado por los reclamos de trabajadores municipales y camioneros, que hoy están de paro. En tanto, el intendente Gustavo Barrera firmó el decreto para prorrogar por un año la emergencia pública.
03 de mayo. Un informe periodístico que publica este domingo el diario Clarín expone detalles de un viaje del actual jefe de Gabinete en 2024, con costos superiores a los $9 millones y cancelaciones realizadas meses después. El caso vuelve a tensionar al Gobierno nacional.