La UCR bonaerense decidió ayer, en un plenario partidario, suspender las elecciones de autoridades que debían realizarse el 11 de octubre y pasarlas al 21 de marzo de 2021, y prorrogó el mandato de los actuales jefes del radicalismo provincial, debido a la pandemia de coronavirus.
Así lo confirmó a Télam el titular de la UCR bonaerense, el exvicegobernador Daniel Salvador, que detalló que el plenario votó por unanimidad ambas mociones, con acuerdo de los dos sectores en pugna, que finalmente competirán en marzo para ver quién controla el aparato radical de la provincia de cara a las elecciones legislativas del año próximo.
Salvador apoya al actual jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense, Maximiliano Abad, que también cuenta con el aval de toda su bancada, la mayoría de los diputados nacionales, intendentes bonaerenses y autoridades nacionales del radicalismo.
Pero el oficialismo fue desafiado por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que tiene el apoyo del senador Martín Lousteau y su partido Evolución, además de dirigentes históricos como Federico Storani y Juan Manuel Casella.
Este sector insiste desde hace meses en la suspensión de los comicios internos por la pandemia, pero sin embargo todo siguió adelante y el 11 de este mes se cerraron las listas de ambos sectores y se presentaron formalmente.
Ya con las listas oficializadas comenzaron los diálogos entre ambos grupos para finalmente suspender la elección y mantener una larga campaña hasta marzo próximo (que por ahora se mantiene en modo virtual y vía Zoom) para ver quién conducirá al partido.
Hace dos semanas Salvador había dado a conocer un comunicado en el que señalaba que "resulta evidente que estamos ante un escenario incierto para concretar las elecciones en la fecha establecida".
Además, en esa misiva convocó a reuniones con los apoderados de las listas "para luego tomar una decisión institucional en el ámbito del plenario provincial del radicalismo". Finalmente, esas conversaciones llegaron a buen puerto y la postergación de las internas se hizo efectiva hoy por la tarde.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.