La Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires se sumó a la polémica por causas armadas y espionajes a computadoras de magistrados.
A través de un comunicado donde reclama "justicia independiente" colaboró en la tensiòn generada en los últimos días entre Eduardo de Lázzari, presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y la gobernadora María Eugenia Vidal.
Fue justamente en un evento con esta agrupación, la semana pasada, cuando De Lázzari advirtió los problemas que, a su juicio, ocurren dentro del Poder Judicial de la Provincia. "Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando deabusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante", había dicho el presidente del Máximo Tribunal bonaerense en las Quintas Jornadas de Actualización para la Magistratura Penal Bonaerense la Red de Jueces Penales.
Por eso, esta organización difundió el jueves un documento en el que deja establecida su posición en esta polémica, también crítica del estado actual de las cosas en el Poder Judicial, especialmente lo que llama "uso masivo de dispositivos de excepción", en relación a los arrepentidos y la aparición de agentes encubiertos en determinadas causas, como la que investiga a la barra brava y la dirigencia de Independiente, tal como denunció el juez de Avellaneda Luis Carzoglio.
En este punto, la Red de Jueces Penales remarcó que ese uso y el aprovechamiento de algunos medios en determinados expedientes atenta contra la independencia judicial: "El Estado de derecho nos impone el ineludible deber de garantizar la preparación y realización del juicio penal con estricta sujeción al orden jurídico, constitucional y legal.
Por esa razón, el uso masivo de dispositivos de excepción (como arrepentidos, agentes encubiertos e informantes, así como la intervención indiscriminada en las comunicaciones, sobre lo cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó su preocupación en la Acordada 17/2019) o la mediatización de causas penales, configuran un estado de situación que afectan el debido proceso y la independencia judicial, y con ello la división de poderes que define a los Estados republicanos".
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