El fiscal federal Carlos Stornelli decidió presentarse a declarar frente al juzgado de Dolores, que dirige el juez Alejo Ramos Padilla, por el caso que lo investiga por la presunta extorsión mediante el cobro de coimas para evitar involucrar en la causa de los cuadernos al empresario Pedro Etchebest. El mismo fue señalado como “intermediario” del falso abogado Marcelo D’Alessio.
Después de faltar en las siete oportunidades en las que fue citado por el magistrado, el fiscal optó por ponerse a disposición por primera vez en esta causa.
La situación había provocado que Ramos Padilla lo declarara “en rebeldía” con la Justicia. Por esa razón, el Consejo Evaluador de la Procuración General de la Nación le había iniciado un sumario que podía desembocar en un juicio político.
La actuación de Ramos Padilla en el expediente y la declaración de rebeldía que dispuso sobre el fiscal fueron confirmadas en instancias judiciales superiores, pero Stornelli hizo varias presentaciones para revertir esas situaciones.
El juez de Dolores investiga si Stornelli y otras personas tienen relación con D'Alessio para la presunta comisión de delitos relacionados con extorsión y espionaje.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.