El Gobierno nacional apeló el fallo de la Justicia de Mar del Plata que ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas tras hacer lugar a una medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas. Además, pidió la recusación del juez Santiago Martín al entender que hubo "falta de imparcialidad" por la relación que mantiene con uno de los peticionantes.
El escrito de apelación consideró "absolutamente innecesarios o prematuros la cautelar dispuesta y los conjeturales impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino", al entender que "los supuestos impactos auditivos, interferencias en corrientes migratorias, interrupciones de amamantamiento en crías de mamíferos marinos, son hoy por hoy absolutamente conjeturales".
Tras recordar que las tareas de prospección sísmica iniciarían dentro de 8 meses -octubre de 2022- "dicha información se encuentra a estudio de las áreas técnicas del Ministerio de Ambiente; de modo que sólo cabe preguntarse, ¿cuál es el perjuicio irreparable?", planteó el Gobierno.
"Sólo existen conjeturas que no señalan de manera meditada qué etapa del proyecto es la que produce el daño que arguyen y en que dimensión. Se incumple así con el postulado de acreditar este requisito, lo que impone también por estas razones, el rechazo de la cautelar solicitada", agregó el escrito.
Además de los fundamentos conceptuales y técnicos que refutan el fallo de la semana pasada del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, la apelación presentada por el Ministerio de Ambiente incluye una recusación al juez actuante por manifiesta vinculación con los principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad, explicaron fuentes oficiales a la Agencia Télam.
Como prueba a considerar, el escrito propuso entre otros el tuit del constitucionalista Daniel Sabsay donde "festeja abrazando al juez de la causa el dictado de la cautelar junto a uno de los letrados de los amparistas", el abogado ambientalista José Esain, quien es patrocinante en esta misma causa del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).
Al hacer lugar a la medida cautelar, el juez Martín había ordenado la semana pasada la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021 y contaba con la aprobación del Ministerio de Ambiente.
El magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el desarrollo de la explotación de hidrocarburos en alta mar en la Costa Atlántica podría generar alrededor de 220.000 puestos de trabajo -directos e indirectos- y exportaciones por unos US$ 25.000 millones anuales. Para Kulfas, "si todo saliera bien, el impacto en divisas sería tal que desaparecería el problema del cepo cambiario o al menos sería mucho más flexible que hoy".
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.