El Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM) eliminó todas las regulaciones que le ponían tope a las tarifas de Internet, móvil y TV por cable. La institución, que actualmente se encuentra intervenida, eliminó las regulaciones que fijaban un límite a las empresas para los aumentos del 5% y de hasta el 10% mensual, a partir de declarar los servicios de telecomunicaciones e Internet (TIC) como “esenciales”.
De este modo, a partir de los próximos meses las subas serán libremente fijadas por las compañías prestatarias. La resolución fue firmada por los interventores Juan Martín Ozores (consultor y ex empleado de Movistar), Patricia Roldán (abogada con 30 años de carrera en organismos estatales) y Alejandro Pereyra, ex director del organismo en la gestión macrista, según consignó la Agencia DIB. Roldán y Pereyra operan en este caso como interventores adjuntos.
Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020 del gobierno de Alberto Fernández, quien había declarado a los servicios TIC como “servicios públicos esenciales y estratégicos”, otorgando al ENACOM la facultad de regular sus tarifas.
Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para “salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia”.
En otro tramo de la resolución, explicitan que, tal como surge del DNU Nº 302/2024, “los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente”.
Uno de los intendentes de la Región se pronunció enfáticamente en contra de esta nueva medida del gobierno de Javier Milei. Se trata de Francisco Echarren, jefe comunal de Castelli, quien consideró que la desregulación es “gravísima” y señaló que “la libertad es para los que te cobran, vos tenés la obligación de pagar lo que ellos quieran. Todo en contra de la gente".
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.