“Presentaremos hoy un recurso de reposición, que es la primera acción administrativa. Si no tenemos una respuesta positiva, iremos a la Justicia porque nos parece que (la medida) no resiste ningún análisis”, manifestó Guido Lorenzino.
“Es de las peores resoluciones que hemos visto y nos pone a todos en un nivel de asombro que no podemos entender. El gobierno, particularmente el área de energía, cuida el capital de las concesionarias, y no el de los usuarios”, añadió el Defensor del Pueblo bonaerense en declaraciones a radio Milenium.
A fines de septiembre, el secretario de Energía, Javier Iguacel, confirmó que el precio del gas natural por red aumentará entre un 30 y un 35 por ciento y aseguró que los valores de aumento salieron de las audiencias públicas.
El viernes pasado, el Gobierno autorizó a las distribuidoras de gas a cobrar a los usuarios un importe “extra” en 24 cuotas mensuales, para “compensar” el impacto de la “marcada variación del tipo de cambio”.
Fuentes del mercado energético indicaron a la agencia NA que ese monto extra que saldrá de los bolsillos de los usuarios e irá a parar a las arcas de las compañías -en un proceso de dos años- rondará los 10.000 millones de pesos.
En tal sentido, Lorenzino confió en llegar a fin de año con la resolución impugnada y no vigente.
“Tenemos dos meses para que la justicia tome nota que no es un capricho, esto es algo que no resiste el menor análisis”, indicó.
“Todos vamos a levantar la voz, no solamente la defensoría, sino también los legisladores, la oposición y la sociedad civil. Esta resolución no debe seguir adelante. No puede ser que pague la gente lo que tienen que absorber las empresas”, agregó.
En relación a las manifestaciones de Iguacel en el sentido de que los opositores a la medida intentan “asustar a la gente”, el defensor del pueblo señaló que “no hay respeto, el secretario Iguacel debería rectificarse”.
“Debería pedir disculpas a todos los argentinos que no pueden pagar el gas, tenemos muchos casos de gente que se está endeudando para poder pagar la factura de luz y de gas, y él lo que hace es descalificarlos”, expresó.
06 de mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó este miércoles en varios actos junto a miembros de su gabinete. “Aquí no hay lugar para la motosierra”, aseveró.
05 de mayo. Algunos ediles se retiraron custodiados por las fuerzas de seguridad en un clima caldeado por los reclamos de trabajadores municipales y camioneros, que hoy están de paro. En tanto, el intendente Gustavo Barrera firmó el decreto para prorrogar por un año la emergencia pública.
03 de mayo. Un informe periodístico que publica este domingo el diario Clarín expone detalles de un viaje del actual jefe de Gabinete en 2024, con costos superiores a los $9 millones y cancelaciones realizadas meses después. El caso vuelve a tensionar al Gobierno nacional.
29 de abril. El Municipio confirmó el depósito de haberes para trabajadores y personal médico, aunque al mismo tiempo anunció que funcionarios, jerárquicos y concejales deberán esperar. La medida expone la tensión financiera y abre un nuevo frente político en el distrito.
20 de abril. El ex intendente confirmó su intención de volver a competir y reveló conversaciones con dirigentes de La Libertad Avanza, incluyendo referentes libertarios como Milena Suárez y Jorge Domínguez. En un escenario dominado por el oficialismo, la oposición empieza a explorar un armado común.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.